La firma que marcó un antes y un después
Durante varios días de noviembre de 1975 se gestó uno de los episodios políticos más vergonzosos de la historia reciente de España. El 14 de noviembre de 1975 se firmaron en el Palacio de la Zarzuela los llamados “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, una supuesta “declaración de principios” que establecía la retirada española del Sáhara Occidental en menos de un año y la cesión de la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, sin contar con la voluntad del pueblo saharaui ni cumplir con las obligaciones del Derecho Internacional.
El pacto incluía además acuerdos económicos: derechos de pesca para unos 800 barcos españoles y la venta a Marruecos del 65% de la empresa Fos Bucrá, dedicada a la extracción de fosfatos. En la práctica, este texto supuso una cesión unilateral del territorio, ignorando las directrices de la ONU y rompiendo el proceso de descolonización en marcha.
Las consecuencias: un pueblo dividido
Medio siglo después, las consecuencias siguen vigentes. La población saharaui continúa repartida entre los campamentos de refugiados de Tinduf, los territorios ocupados por Marruecos y la diáspora internacional. Los Acuerdos de Madrid son considerados ilegales desde la perspectiva del Derecho Internacional, y la ONU nunca los ha reconocido como un traspaso válido de soberanía ni administración.
El Sáhara Occidental, que era la provincia 53 de España, tenía derecho, como cualquier territorio en proceso de descolonización, a un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, el régimen franquista cedió a las presiones de Marruecos y entregó el territorio a Hasán II, dejando abandonado al pueblo saharaui.
El doble lenguaje de España
La relación entre las autoridades españolas y los saharauis siguió un patrón repetido de buenas palabras y sumisión final a Marruecos. Ejemplo de ello es la visita de Juan Carlos de Borbón a El Aaiún el 2 de noviembre de 1975, donde declaró: “España cumplirá sus compromisos. Deseamos proteger los legítimos derechos de la población saharaui”. Tres días más tarde, informaba a Estados Unidos de los planes de Franco, en un contexto donde la potencia norteamericana había dado luz verde a la invasión marroquí.
El dictamen de La Haya y la irrupción de la Marcha Verde
El proceso que desemboca en los Acuerdos de Madrid se acelera en 1974, cuando Marruecos solicita al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) un dictamen sobre sus supuestos derechos históricos. España ya preparaba un censo para el referéndum de autodeterminación.
El 16 de octubre de 1975, el TIJ concluyó que los vínculos alegados entre las tribus saharauis y Marruecos o Mauritania no otorgaban a estos países ningún derecho de soberanía. Pese a ello, Marruecos reinterpretó el dictamen y lanzó, el 6 de noviembre, la “Marcha Verde”, con unas 350.000 personas cruzando la frontera, mientras su ejército había entrado en el territorio días antes atacando y desplazando a la población saharaui.
La retirada española y el inicio de la guerra
En este contexto de presión militar, España firmó los Acuerdos de Madrid el 14 de noviembre de 1975.
El 27 de febrero de 1976, España retiró sus tropas del territorio. Ese mismo día se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos y Mauritania, que procedieron al reparto del Sáhara Occidental.
España, potencia administradora “de iure”
Pese al paso del tiempo, los sucesivos gobiernos españoles han intentado eludir su responsabilidad amparándose en unos acuerdos que ni la ONU ni el Derecho Internacional reconocen. España sigue siendo potencia administradora “de iure” del Sáhara Occidental, pero ha actuado de forma sistemática a favor del ocupante marroquí:
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promoviendo acuerdos UE–Marruecos que incluyen recursos del Sáhara Occidental;
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vendiendo material militar utilizado en la represión en los territorios ocupados;
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evitando condenar abiertamente la ocupación, el genocidio y las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población saharaui.
La única salida: el referéndum
El referéndum de autodeterminación es la única solución legal y justa para culminar el proceso de descolonización. Marruecos se comprometió a celebrarlo en el Plan de Paz de 1991, y España, como potencia administradora, tiene la responsabilidad histórica, política y jurídica de exigir su cumplimiento.
Europa y España arrastran una deuda histórica con un pueblo que un día fue parte de su territorio: la 53ª provincia. Y esa deuda solo podrá saldarse respetando el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
