Por Isabel Lourenço (Observadora Internacional – Colaboradora de PUSL) / Jornal Tornado
Ser abogado en Marruecos no es fácil, no debido a la dificultad del curso, ni de encontrar clientes, es difícil porque la justicia, la ley en el papel no es la aplicada en la sala del tribunal.
Defender a los presos políticos saharauis es algo que ningún abogado anhela en Marruecos, donde el código penal mantiene la prisión como una pena por una variedad de ofensas de expresión no violentas implementadas por muchos años, como cruzar las “líneas rojas” de Marruecos: entre ellas ” “atacar” el Islam, la monarquía, la persona del rey y la familia real, e “incitar contra la integridad territorial de Marruecos”, una referencia a la soberanía que Marruecos defiende tener sobre el Sáhara Occidental. Incitar puede ser algo tan simple como decir públicamente Sáhara Occidental en vez de la terminología impuesta por el estado “provincias del sur” o “Sahara Marroquí”.
Los abogados que tienen el coraje de hacerlo sufren amenazas, insultos y problemas de todo orden, sobre todo si viven en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y son saharauis, es el caso de Bachir Rguibi Lahbib, Mohamed Boukhaled, Bazaid Lehmad y Mohamed Fadel Lili.
Hace algunos años a esta parte los presos políticos saharauis fueron trasladados de los territorios ocupados a prisiones en el interior del reino de Marruecos una clara violación del Artículo 76 de la 4ª Convención de Ginebra. Esta nueva realidad obliga a los abogados a recorrer cientos de kilómetros para poder ver a sus clientes en la cárcel o defenderlos en un tribunal en un país donde los juicios llegan a ser postergados consecutivamente y donde los saharauis no tienen medios para pagar a sus abogados, todo son obstáculos acrecentados.