* Por Sergio Pascual y Pablo Bustinduy – Info Libre.- El pasado mes de diciembre el emisario de las Naciones Unidas Horst Köhler convocó en Ginebra una ronda de conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Eran las primeras conversaciones entre las partes en los últimos 6 años; fuentes diplomáticas anticiparon el apoyo a Kohler de los Estados Unidos, que vendría a sumarse al de Rusia, dos miembros clave del Consejo de Seguridad. Las siempre delicadas expectativas sobre un posible desbloqueo del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, inacabado y enquistado desde 1991, han vuelto por tanto a aparecer, y es importante preguntarse qué puede hacer España para contribuir a que fructifiquen en todo lo que sea posible.
Para ello, es fundamental comprender que esta oportunidad viene marcada por el terremoto que supuso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 27 de febrero del año pasado, sobre los acuerdos pesqueros con Marruecos. En ella, el Tribunal no solo confirma la adhesión de la Unión al principio de descolonización, uno de los preceptos constituyentes de la política internacional tal y como la conocemos desde 1948, y el reconocimiento del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. El más alto tribunal europeo también establece doctrinalmente que los países miembros de la Unión, y la Unión misma, no pueden suscribir acuerdos con Marruecos que involucren los recursos de un tercero, como viene sucediendo desde hace cuatro décadas con la explotación de recursos del Sáhara Occidental a manos de consorcios y emprendimientos europeo-marroquíes. Así, la sentencia pone en primer plano el componente económico del conflicto y la corresponsabilidad de las potencias europeas en su prolongación y en el bloqueo político de sus soluciones.
Madrid, 20/07/2017 (SPS)
El Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) ha vuelto a condenar a 23 saharauis que participaron en las protestas pacíficas contra la ocupación marroquí del campamento de Gdeim Izik en 2010 a, prácticamente, las mismas que penas a las que les había sentenciado un Tribunal militar en 2013, desde cadena perpetua hasta dos años de cárcel.
