28 de febrero de 2021
Ayer, 27 de febrero de 2021, se cumplieron 45 años de la proclamación de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). Esta fue proclamada por el pueblo saharaui y su legítimo representante, conforme el derecho internacional, siendo reconocida por Naciones Unidas y cuyo territorio, el Sahara Occidental, es un territorio no autónomo, que fue provincializado por España y constituye la antigua colonia española. Ante la dejación de sus funciones como potencia administradora, fue ocupada militarmente por Marruecos, en un ejercicio contra el derecho internacional, los derechos humanos y derecho humanitario, mediante el empleo de la fuerza y cometiendo el genocidio ya reconocido por organismos internacionales.
España es, a la fecha de este comunicado, la potencia administradora De Iure; por lo que, ni el actual gobierno del Sr. Sánchez, ni los anteriores desde el año 75, han podido conculcar el derecho internacional, habiéndolo intentado en numerosas ocasiones. El deseo del estado español y de los estados amigos de Marruecos de silenciar los derechos legítimos del pueblo saharaui, no pueden verse realizado. Intentar evitar la aplicación del derecho que le asiste al pueblo saharaui y sus legítimos representantes y, la normal consecuencia de este derecho que es la entrega del territorio a su legítima población, expulsando al ocupante militar, que está cometiendo el genocidio, es inevitable.
Desde esta Fundación, instamos el gobierno de España y a sus socios a que abandone el terreno de la falsedad y de ocultación de la realidad jurídica del Sahara Occidental y de su población, exigiéndole que, en virtud del mandato de administración que le fue conferido y que legalmente es el único vigente ante Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, indisolublemente unido el derecho de autodeterminación, asuma sus responsabilidades históricas y presentes.
Los últimos acontecimientos vividos son continuidad de la represión brutal de Marruecos contra la población saharaui, desde que el régimen marroquí ocupó ilegalmente el territorio y, cuyo objetivo, es reprimir cualquier manifestación saharaui contraria a la ocupación, estando la población desarmada e indefensa, a merced de los más brutales tratos inhumanos y degradantes.
La violación de la integridad territorial del Sahara Occidental (que está proscrito por el derecho internacional) y la ruptura del alto del fuego el pasado 13 de noviembre de 2020, cuando Marruecos decidió atacar a manifestantes civiles saharauis en la zona de El Guergarat, provocó el fin del alto el fuego, firmado entre el Frente Polisario y Marruecos en 1991, siendo responsable únicamente de estas violaciones el estado ocupante marroquí. Unido a esto, es la situación de escalada violenta de las fuerzas de ocupación marroquí que vienen ejerciendo en el Sahara Occidental ocupado, desde hace años, intensificada estos últimos meses.
La situación en los territorios ocupados es alarmante, con barrios enteros transformados en guetos, con vigilancia armada por parte de las fuerzas ocupantes, asalto a viviendas, torturas de defensores de derechos humanos saharauis y una Apartheid generalizado de la población, como los casos recientes de Sultana Khayya y su familia, Ghali Bouhalla, Nafaa Botasofra, Mbarka Lemjiyed y tantos otros que sufren a diario la brutal represión marroquí.,
La situación de los presos políticos saharauis, llevados al interior de Marruecos, contraviniendo el derecho internacional, es una clara estrategia de represión, con condiciones inhumanas de encarcelamiento, privándoles de los mínimos derechos asistenciales, incumpliendo las Convenciones internacionales cínicamente firmadas por Marruecos. En especial, hacer un llamamiento sobre el Grupo de Gdeim Izik que, tras un juicio nulo de pleno derecho, sin pruebas y tras ser condenadas con acusaciones falsas del régimen marroquí, llevan encarcelados más de 10 años en las peores condiciones, viéndose obligados los presos saharauis a denunciar públicamente las condiciones con huelgas de hambre, como la de Mohamed Lamin Hadi. Esta Fundación denuncia las condiciones en las que son obligados a vivir todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, el sufrimiento provocado a las familias por los injustos cautiverios y por las extremas condiciones en las que se ven obligados a vivir.
Ante la grave situación que está provocando el reino de Marruecos, esta Fundación:
1- Denuncia la escalada de violencia a la que el régimen marroquí está sometiendo a la población saharaui, siendo Marruecos el responsable del fracaso del alto el fuego y del genocidio del pueblo saharaui.
2- Denuncia el fracaso de la Minurso, plegada en las zonas ocupadas a los intereses de Marruecos, como esta Fundación ha podido constatar en las Misiones de observación llevadas a cabo.
3- Denuncia la falsedad de la posición del Gobierno de España, faltando a la verdad e intentando eximirse de sus responsabilidades actuales, como administradora DE IURE del territorio, puesto que el estatus de potencia administradora no se ha perdido ni se puede perder por declaraciones políticas, sino por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidad, las cuales exigen la celebración de un referéndum. Por lo que, denunciamos no solo la pasividad, sino la colaboración, amparo y sostenimiento al régimen de Marruecos, de esta ocupación militar ilegal.
4- Las condiciones de encarcelamiento y tortura de los presos saharauis, sometidos a tratos inhumanos y degradantes, puestos de manifiesto por los presos y familiares, antes los organismos internacionales.
Esta Fundación, en cumplimiento de sus fines, INSTA al Gobierno de España a asumir sus responsabilidades, de todo orden, para proteger a la población civil desarmada, elevando como potencia administradora a los organismos internacionales, la exigencia de la presencia en el territorio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Instamos a la Unión Europea y la Unión Africana a que envíen delegaciones para monitorizar los derechos humanos conculcados sistemáticamente por Marruecos en el territorio del Sahara Occidental y a la población reclusa saharaui.
Esta Fundación muestra su total apoyo a la población saharaui que se encuentra sometida al estado de terror, a los presos políticos saharauis y su familia y a los representantes del pueblo saharaui.
