Según Western Sahara Resource Watch, el sistema de certificación “responsable” encubre la ocupación marroquí y engaña a consumidores europeos
El organismo de monitoreo Western Sahara Resource Watch (WSRW) ha denunciado que la certificadora alemana GLOBALG.A.P., dedicada a establecer estándares internacionales de “agricultura responsable”, ha incluido en su registro oficial a empresas agrícolas marroquíes que operan en el Sáhara Occidental ocupado.
Según WSRW, estas certificaciones otorgan una apariencia de legitimidad a explotaciones agrícolas asentadas sobre tierras saharauis ocupadas ilegalmente por Marruecos, ignorando tanto el derecho internacional como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Agricultura de colonos marroquíes, reconocida como “responsable”
De acuerdo con la investigación publicada por WSRW, varias empresas agrícolas marroquíes instaladas en la península de Dajla figuran en la base de datos de GLOBALG.A.P como certificadas bajo el estándar de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Estas explotaciones se benefician de permisos otorgados por las autoridades de ocupación y emplean principalmente a colonos marroquíes, desplazando a la población saharaui originaria, hoy en gran parte refugiada en campamentos fuera del territorio.
Para WSRW, el hecho de que GLOBALG.A.P catalogue estas plantaciones como “responsables” constituye una grave contradicción, pues avala proyectos que forman parte de la estrategia marroquí de anexión de facto del Sáhara Occidental y favorecen la instalación masiva de colonos, en violación de la Cuarta Convención de Ginebra.
Tres problemas centrales señalados por WSRW
-
Legitimación de la ocupación: al certificar como “responsables” a empresas que operan en territorio ocupado, GLOBALG.A.P otorga un aura de normalidad y legalidad a actividades que consolidan la presencia marroquí en el Sáhara Occidental.
-
Vulneración del derecho saharaui a decidir: la certificación se concede sin el consentimiento del pueblo saharaui, único titular reconocido por la ONU y el TJUE del derecho a la autodeterminación.
-
Engaño a consumidores europeos: los certificados GLOBALG.A.P registran erróneamente estas explotaciones como si estuvieran ubicadas en “Marruecos”, induciendo a error a los consumidores que creen estar adquiriendo productos provenientes de un país reconocido, cuando en realidad proceden de un territorio ocupado.
La jurisprudencia europea y el derecho a la autodeterminación
WSRW recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido contundente en sus fallos, especialmente en la sentencia del 4 de octubre de 2024, al establecer que el pueblo saharaui —y no la población colonizadora— es el titular del derecho a la autodeterminación.
El TJUE ha reiterado que el Sáhara Occidental es un territorio “separado y distinto de Marruecos” y que cualquier acuerdo o beneficio económico en ese territorio requiere del consentimiento explícito de los saharauis.
Sin embargo, GLOBALG.A.P continúa aplicando el marco legal marroquí en sus certificaciones, algo que, a juicio de WSRW, constituye una distorsión jurídica que vulnera el derecho internacional.
Respuesta de GLOBALG.A.P y contradicciones
Tras ser alertada por WSRW, GLOBALG.A.P publicó en abril de 2025 un comunicado en el que reconocía parcialmente la situación jurídica especial del Sáhara Occidental y las sentencias del TJUE.
No obstante, la organización no dejó de certificar explotaciones agrícolas en el territorio ocupado, persistiendo en catalogarlas como localizadas en “Marruecos”.
Para WSRW, esta postura es insostenible: mientras GLOBALG.A.P afirma promover prácticas agrícolas “responsables”, omite el principio básico del consentimiento del pueblo saharaui y mantiene registros que contienen información geográfica falsa.
Un caso único en el mundo
Western Sahara Resource Watch subraya que, hasta donde se conoce, el caso del Sáhara Occidental es el único a nivel mundial en el que GLOBALG.A.P otorga certificaciones de “agricultura responsable” en un territorio ocupado.
La organización destaca que no existe evidencia de certificaciones similares en territorios ocupados por Israel en Palestina ni por Rusia en Ucrania, lo que pone en cuestión la coherencia y credibilidad del sistema alemán de certificación.
Conclusión
La denuncia de WSRW vuelve a poner sobre la mesa cómo empresas y organismos privados, bajo el discurso de la “responsabilidad” y la “sostenibilidad”, pueden acabar blanqueando la ocupación ilegal del Sáhara Occidental.
Mientras tanto, la población saharaui sigue desplazada y privada de su derecho a decidir sobre sus recursos y su futuro.
