La CIG denuncia que el acuerdo pesquero con Marruecos que acaba de expirar fue un fraude absoluto, no solo a nivel de pesca, sino también a nivel jurídico, ya que la propia justicia de la UE lo declaró ilegal por afectar a aguas del Sáhara Occidental sobre las que Marruecos no tiene competencias territoriales. La CIG insta a negociar ya con el Frente Polisario un nuevo protocolo que respete los intereses y la soberanía del pueblo saharaui y permita a la flota gallega regresar a unas aguas en las que faenó históricamente.
Frente a las informaciones aparecidas estos días nos medios de comunicación, el responsable de Mar de la CIG, Xabier Aboi, aclara que nos últimos cuatro años ni un solo barco gallego pescó en la zona delimitada por el acuerdo. De hecho, de los 135 barcos que podían faenar en ese área 95 correspondían al Estado español, «pero solo trabajaron allí, en el mejor de los casos, 11 embarcaciones de Arrecife, Barbate y Conil y varias de estas no llegaron a los 20 días en tres años, según los datos del propio Ministerio».
Por eso, para la CIG, este protocolo pesquero solo sirvió para pagarle más de 55 millones de euros al Reino de Marruecos y ofrecerle facilidades para desarrollar otros negocios como el agrícola -sin ofrecer las garantías sanitarias mínimas exigibles- e inversiones de carácter geopolítico, estratégico y militar, justificando que también se podía pescar.
Aboi critica además que a los barcos gallegos que históricamente pescaban en estas aguas del Sáhara «le dieron una licencia inservible porque no podían coger ninguna especie con valor económico (como cefalópodos o mariscos), únicamente los metieron en unas aguas que hacían la licencia inutilizable».
Reitera que «los únicos que hicieron negocio, aparte del rendimiento político y económico obtenido por Marruecos, fueron los grandes barcos pelágicos del norte de Europea», concretamente Holanda o los países del Báltico como Lituania o Letonia. Embarcaciones de grandes compañías que pescan con toberas «que esquilman y extraen todo del mar y que son los únicos que pueden pescar allí».
El representante de la CIG cuestiona los motivos por los que se firmó un acuerdo «que no puede ser utilizado por la flota». «A quién beneficia el negocio que se hace aquí: a Marruecos nada más. Sirve para lavarle la cara mientras acaban con la flota gallega», asevera. Y recuerda que los armadores de ANAMER, en su momento, presentaron una serie de alegatos al acuerdo que la UE no atendió.
Pero el más curioso, concluye, «es que si hubiese licencias en base a lo que determina la justicia europea, en el propio Sáhara negociadas con el Frente Polisario, habría un montón de barcos gallegos que volverían a faenar allí».
